Son totalmente falsas las acusaciones del gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo, sobre una presunta manipulación de las regalías en ese departamento por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Así lo aseguró hoy el director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, quien además afirmó que no es cierto que algún funcionario de la entidad tenga reunión alguna en el departamento de Magdalena este sábado 10 octubre.
Explicó que por el contrario con la nueva Ley de Regalías promueve la descentralización, se agilizó y dio mayor trasparencia al reducir de 1.152 a solo 8 los OCAD, Órganos Colegiados de Decisión que aprobaban los proyectos, con participación del Gobierno Nacional. La distribución de las asignaciones regionales será el 60% para las gobernaciones, quienes podrán aprobar proyectos de manera autónoma y el otro 40% restante serán priorizados por el OCAD Regional, garantizando recursos para proyectos que impacten la región.
Adicionalmente esta reforma les devuelve recursos a las regiones productoras como la del Caribe, que pasa de 267 mil millones a 405 mil millones. El Magdalena contará con 130 mil millones que dependen únicamente de la Gobernación, que, por la nueva ley, viabiliza, prioriza y aprueba sus proyectos con asignación directa, antes de la reforma tenían menos dinero y adicionalmente tenían que pasar por más tramites, pedir más conceptos y autorizaciones.
Para nadie es un secreto que en el pasado las regalías han presentado dificultades con casos de despilfarro, por eso la reforma busca combatir que nadie se pueda apropiar de las regalías con discursos agitados.
No hay nada más nocivo y dañino que pretender que las regalías se apropien por parte de un solo actor en las regiones, lo cual lo único que puede generar es corrupción, despilfarro y que no se hagan los proyectos que la comunidad espera y necesita. Por eso las regalías son de todos y en el Sistema General de Regalías todos tienen participación. Tanto así que hoy les garantizamos por primera vez en la historia de las regalías que las comunidades indígenas podrán tener participación con voz y voto.
