La Diócesis de Santa Marta, en coordinación con la Policía, ha reprogramado el desalojo del exsacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub para el 11 de julio, debido a su incomparecencia por motivos de salud. La comunidad es instada a evitar cualquier actividad no autorizada.
La Diócesis de Santa Marta ha decidido aplazar el desalojo del exsacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub del cementerio San Miguel, inicialmente previsto para hoy, 27 de mayo. La nueva fecha para la diligencia, que contará con el apoyo de la Policía, ha sido fijada para el 11 de julio a las 9:30 de la mañana. Este aplazamiento se debe a la incomparecencia del Padre Fajid, quien informó que no podría asistir debido a controles de salud.
En un comunicado oficial, la Diócesis explicó que la acción judicial, denominada ‘proceso amparo policivo por perturbación a la tenencia’, se reprogramó para brindar tiempo al Padre Fajid de justificar su ausencia. La Diócesis ha señalado que, de no presentarse a la nueva convocatoria, se dará por ciertos los hechos incluidos en la querella, lo que permitiría avanzar con el proceso de desalojo sin más demoras.
La situación ha captado la atención no solo de la comunidad samaria, sino también a nivel nacional, debido al cruce de información y conceptos entre las partes implicadas. La Diócesis ha enfatizado su compromiso con la transparencia y el respeto a las normas, instando a la comunidad a abstenerse de participar en actividades no autorizadas por el exsacerdote. Además, se ha recordado que la Fundación Juan Pablo Segundo, encabezada por el Padre Armando Echeona, es la única entidad autorizada para administrar el cementerio y sus servicios.
Las autoridades eclesiásticas han mantenido una postura abierta, ofreciendo información clara y actuando conforme a las necesidades pastorales y administrativas. En el comunicado, se subraya la importancia de evitar negociaciones o adquisiciones de servicios que no estén avalados oficialmente, para asegurar la integridad de las operaciones en el cementerio San Miguel y proteger a la comunidad de posibles fraudes o malentendidos.
Este caso resalta la tensión entre la administración eclesiástica y el exsacerdote, un tema que ha despertado un amplio interés y debate público. La Diócesis de Santa Marta continúa buscando una resolución justa y ordenada, cumpliendo con sus responsabilidades pastorales y legales, mientras mantiene informada a la comunidad sobre cada paso del proceso.
