El caso que generó indignación y fuertes señalamientos en un conjunto residencial de Usaquén dio un giro inesperado. Las autoridades descartaron que hubiera existido abuso sexual contra un menor y ordenaron la libertad del ciudadano estadounidense que había sido capturado tras una denuncia realizada por vecinos.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, confirmó que los exámenes practicados por Medicina Legal no encontraron evidencia de violencia sexual contra el niño, una conclusión que también fue determinante para que la justicia no avanzara con una imputación formal contra el extranjero.
Según explicó la funcionaria, los menores involucrados hacían parte de un proceso de adopción internacional que llevaba cerca de tres años y se encontraba en su etapa final. Sin embargo, la polémica, la difusión masiva del caso en redes sociales y la intervención de terceros terminaron afectando el proceso y obligaron a suspender temporalmente la integración de los niños con la familia adoptante.
De acuerdo con la versión entregada por el ICBF, lo ocurrido habría surgido a partir de una situación doméstica entre los hermanos que fue interpretada de distintas maneras por quienes observaron parte de la escena desde el exterior del apartamento.
Aunque las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier sospecha de maltrato infantil, también hicieron un llamado a la prudencia y a no emitir juicios sin pruebas concluyentes. El caso deja ahora interrogantes sobre el impacto que pueden tener las acusaciones públicas y la difusión de información no verificada, especialmente cuando involucran a menores de edad y procesos de adopción.
Por el momento, las autoridades continúan evaluando el futuro del proceso adoptivo y el bienestar emocional de los tres hermanos involucrados.
