El movimiento que respalda a Margarita Guerra enfrenta fuertes señalamientos por presuntamente contratar jóvenes sin garantías laborales para actividades proselitistas en Santa Marta, a pocas semanas de las elecciones del Magdalena.
Un nuevo escándalo golpea a Fuerza Ciudadana, el movimiento político fundado por Carlos Caicedo y hoy soporte principal de la candidatura de Margarita Guerra a la Gobernación del Magdalena. A menos de un mes de las elecciones atípicas del 23 de noviembre, el grupo enfrenta una denuncia ante el Ministerio del Trabajo por supuestas prácticas de explotación laboral juvenil en el marco de su campaña.
Según el documento radicado de manera anónima, decenas de jóvenes estarían siendo utilizados como promotores políticos en distintos puntos de Santa Marta, sin contrato ni afiliación a seguridad social. A cambio, reciben apenas $20.000 diarios por repartir volantes, instalar pendones y realizar propaganda electoral, una cifra que deja en evidencia la precarización de su labor.
El material entregado a las autoridades incluye un video en el que uno de los jóvenes admite su vinculación informal, confirmando la ausencia de cualquier tipo de relación laboral regulada. La denuncia exige que el Ministerio del Trabajo inspeccione los puntos donde operan —como la Avenida del Ferrocarril, los alrededores del Ocean Mall y el Mercado Público— y determine si se vulneran los derechos de estos trabajadores temporales.
Silencio institucional y reclamos por ética política
El caso abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre la ética y la legalidad de las prácticas de Fuerza Ciudadana, un movimiento que ha intentado consolidarse como símbolo de cambio y justicia social en el Magdalena. Sin embargo, de comprobarse las irregularidades, quedaría en entredicho su discurso de defensa de los derechos laborales y de los jóvenes.
Expertos consultados advierten que, además de la falta de garantías, este tipo de prácticas podrían implicar violaciones a la normatividad electoral y laboral vigente, generando sanciones tanto para la campaña como para sus responsables directos. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo no ha emitido pronunciamiento oficial sobre si abrirá o no una investigación formal.
