Los 32 escoltas de la seguridad del Gobernador del Magdalena.
Hasta ahora no se conoce un estudio de riesgo que justifique la asignación de tanta seguridad para el gobernador Carlos Caicedo Omar.
Con ese esquema el mandatario desacredita la efectividad de la Policía Metropolitana y reconoce a Santa Marta como una de las ciudades más peligrosas del país. La UNP dice no brindar protección, dentro de su obligación misional, a ningún gobernador ni alcalde del país.
Sin haber sufrido ningún tipo de atentado criminal y al mejor estilo del “capo” de un Clan peligroso el gobernador del Departamento del Magdalena Carlos Caicedo Omar, cuenta con un esquema de seguridad conformado por 32 hombres todos ellos bien armados e incluyendo dos agentes del tránsito distrital, lo cual evidencian una exageración innecesaria y unos costos millonarios para erario departamental.
Ese cuerpo de seguridad del mandatario departamental está conformado por personal de vigilancia privada, agentes de la policía asignados a la seguridad de la Gobernación del Magdalena, dos agentes motorizados de la Policía nacional de Tránsito al igual que dos reguladores del Tránsito distrital motorizados, 11 agentes de la policía al mando de un oficial. A ello, súmele un suboficial de la policía que debe permanecer día y noche (24 horas) en su residencia, 3 agentes en la puerta del Edificio “La Castellana” de Bavaria, en condiciones inhumanas (sin alimentación y sin un sitio donde hacer sus necesidades fisiológicas) y otros 3 agentes más en la residencia de sus hijos, ubicada en el barrio Mamatoco.
A ese esquema de custodia tiene asignado cuatro camionetas, una camioneta Prado Fortuner de propiedad de la Gobernación y armas de corto y largo alcance de uso oficial. La sola movilización de todo ese personal a cualquier sitio que tenga que ir el gobernador demanda un gasto millonario para el erario, en términos de gasto de combustible y alimentación. Incluso, solo en movilización del gobernador dentro de la ciudad de Santa Marta el gasto en combustible representa una suma aproximada al millón 200 mil pesos diarios, sin incluir la alimentación de los hombres, ni otros gastos ocasionales como, desgaste de rodamiento, cambio de repuestos ni mantenimiento a las armas.
Una fuente de la policía informó que ningún gobernador en la historia del Departamento del Magdalena había sido tan custodiado como el actual, pese a no existir un estudio de riesgo que justifique la asignación de tanto personal para su seguridad. La misma fuente dijo que es tan exagerado el número de personal de custodia del mandatario que supera el doble del número de agentes con que cuentan las Estaciones de Policía de municipios como El Retén, Zona Bananera y Aracataca, de donde es oriundo el mandatario.
La UNP aclaró que dentro su obligación misional, ningún gobernador ni alcalde del país hacen parte de la población sujeta de protección de ese organismo, lo cual quiere decir que el gobernador del Magdalena no cuenta con protección de ese organismo, y entonces queda al descubierto que tampoco debe existir un estudio de riesgo que justifique la operatividad de un esquema de seguridad tan amplio, cuya base principal son agentes de la policía que deberían estar al servicio de la protección de vida, honra y bienes de todos los ciudadanos magdalenenses.
Además, con ese esquema de seguridad, el gobernador Carlos Caicedo desacredita la efectividad de la policía, su cuerpo de inteligencia al igual que su capacidad de reacción, y peor aún, reconoce a Santa Marta y al Departamento como una de las regiones más peligrosas del país, que lucha por vender su imagen en el caso particular de Santa Marta, de ciudad turística, amable y segura para el turismo nacional y extranjero.
¿DELIRIO DE PERSECUCIÓN?
Según fuentes de la Policía a Caicedo se le reforzó el esquema de seguridad desde que salió a relucir un informe de una ONG desconocida, en el que se acusaba a grupos armados liderados por ex paramilitares que operaban en la Sierra Nevada de querer asesinarlo. Informe que el abogado Julián Quintana pidió que se investigara por la presunta influencia del secretario de gobierno departamental José Humberto Torres, quien habría pertenecido a ese tipo de ONGs, supuestamente defensora de los Derechos Humanos.
Extraño y sospechoso, según la fuente, que con ese informe se haya tratado de originar un escándalo mediático a nivel nacional, con el que sin lugar a dudas se trató de presionar a la UNP, tanto por el mismo gobernador como por su secretario de Gobierno, para que se le brindara protección, pasando por encima del deber misional de dicha unidad.
Ni siquiera ese escándalo mediático con el que el gobernador trató de llamar la atención de la UNP, sirvió de base para la realización de un estudio de riesgo por parte del alto gobierno, que al parecer ya conocía con anterioridad el “delirio de persecución” que afecta al mandatario, pues a lo largo de su carrera política ha venido denunciando amenazas contra su integridad y persecución política de supuestos clanes de la región, algunos de los cuales lo han ayudado en sus campañas electorales, y que al final no ha sido más que una estrategia de victimización a la que le ha sacado provechosos dividendos políticos.
Caicedo, es bien sabido, que es un desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista, disidencia del ELN, que se reincorporó a la vida civil y fue nombrado sin título profesional en la Rectoría de la Universidad del Magdalena por el entonces gobernador Jorge Caballero, condenado por la “Parapolítica”. Pagó prisión por corrupción en la Universidad, tuvo presuntamente vínculos con el paramilitarismo y en la actualidad afronta ante la Fiscalía varios procesos como determinador de tres homicidios cometidos por los paramilitares a dos directivos y un estudiante universitario, al igual que varias investigaciones por corrupción.
Con la asesoría de León Valencia, otro guerrillero desmovilizado del ELN, conformó el movimiento político Fuerza Ciudadana, y con el pretexto de hacer parte de una fuerza política alternativa, integrada por demás movimientos de la izquierda como las Farc, volvió a “colarse” en la extrema izquierda para seguir victimizándose con ínfulas de gran gobernante.
Mientras la policía satisface los delirios de persecución y grandeza del gobernador Caicedo, la ciudad de Santa Marta por falta de políticas de seguridad y convivencia, incrementa cada día los índices de homicidios, los cuales según el senador Honorio Henríquez, sufrieron un incremento del 20% en comparación con el período 1 de enero a 30 de septiembre de 2019. “Queda claro que la inseguridad, la criminalidad y la falta de autoridad han representado para los samarios una amenaza imparable similar al coronavirus”, apuntó el senador Henríquez.
