Desde el pasado 4 de agosto, Álvaro Uribe Vélez permanece en detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia. Pero, con el traslado ordenado el pasado 31 de agosto de su caso a la Fiscalía, esta orden debería ser levantada.
Este es el argumento de Jaime Granados, abogado encargado de la defensa de Álvaro Uribe, en un oficio presentado al ente acusador, Granados presentó ante el despacho del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, la solicitud.
El motivo de esta estaría amparado en la ley 906 de 2004, que exige que las medidas de aseguramiento sean emitidas por un juez de garantías. El proceso de Álvaro Uribe era llevado en la Corte Suprema a través de la ley 600 de 2000.
«La nueva realidad procesal impone que la privación de la libertad, ordenada por la Sala Especial de Instrucción el pasado 3 de agosto de 2020, no pueda seguir teniendo validez, en el marco de un proceso de ley 906 de 2004», dice Granados.
La defensa de Álvaro Uribe asegura que en el caso por manipulación de testigos no se ha imputado ningún cargo a su defendido. Según los juristas, la Corte Suprema se extralimitó al hacer esta solicitud.
