La periodista Cecilia Orozco Tascón, reconocida por su trayectoria como directora de Noticias Uno y actual conductora del pódcast “En la Raya con Cecilia Orozco”, ha sido señalada por su presunta falta de independencia frente al actual embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez Gómez, con quien mantiene vínculos estrechos que comprometerían su imparcialidad.
El domingo 15 de junio de 2025, Orozco presentó una entrevista “exclusiva” con Velásquez bajo el titular: “Hay relación indudable entre los corruptos de Guatemala y miembros del Centro Democrático”. Durante una hora, el exministro usó el espacio para lanzar ataques contra el expresidente Álvaro Uribe y sectores políticos y empresariales guatemaltecos, sin recibir una sola pregunta crítica o contrapregunta. La entrevista fue más una tribuna que un ejercicio periodístico.
Velásquez, quien enfrenta una orden de captura en Guatemala por su presunta implicación en irregularidades del caso Odebrecht —que dejó al país endeudado por USD 380 millones por una carretera inconclusa— evitó cualquier cuestionamiento incómodo. Durante su paso por la CICIG, también fue criticado por exonerar a ejecutivos de Odebrecht a cambio de delaciones y proteger a implicados cercanos.
Estos antecedentes fueron completamente omitidos por Orozco. A ello se suma su vinculación directa con Velásquez a través de la Corporación Justicia y Democracia, una ONG de línea ideológica afín a la izquierda, defensora de excombatientes y con participación activa en demandas contra el Estado colombiano. Orozco figura como representante legal suplente, mientras que el director de la corporación es Víctor Javier Velásquez, hijo del exministro. Además, Gabriela González, exfuncionaria de la corporación, fue contratada como asesora del Ministerio de Defensa bajo Velásquez.
Esta corporación ha representado y asesorado a figuras como Rodrigo Londoño (Timochenko), Salvatore Mancuso y Hernán Giraldo, e incluso facilitó un encuentro entre estos ante la Comisión de la Verdad en 2021.
La periodista, quien se presenta como una defensora del Estado de Derecho y de la justicia independiente, no ha informado públicamente sobre estos lazos ni ha declarado conflicto de interés en sus contenidos sobre el gobierno o la justicia transicional.
Analistas advierten que el caso de Guatemala no es un hecho aislado. Hablan de una “franquicia CICIG”: un modelo de comisiones anticorrupción que ha sido impulsado en distintos países por sectores de izquierda, con apoyo de fundaciones como Rockefeller, Ford y Open Society. Estas estructuras han sido criticadas por su uso político e ideológico más que judicial.
En ese contexto, la actuación de Orozco —lejos de ser la de una periodista independiente— parece alinearse con los intereses de su socio político, Iván Velásquez, reforzando una narrativa conveniente para quienes enfrentan cuestionamientos legales, y perpetuando un modelo de justicia internacional muy cuestionado.
La falta de transparencia sobre estos vínculos compromete la credibilidad de Cecilia Orozco como periodista. Más que fiscal del poder, actúa como aliada de quienes lo ejercen desde la sombra.
