Redacción: Katia Vásquez
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La Defensoría del Pueblo llama a reforzar medidas de protección para niñas y adolescentes, ante el alarmante incremento de casos de violencia y agresión en Colombia. Autoridades deben actuar con rapidez y coordinación para garantizar sus derechos.
La protección de la niñez y adolescencia en Colombia está enfrentando una crisis alarmante. En lo que va del año, varios casos trágicos han puesto en evidencia la vulnerabilidad de niñas y adolescentes, víctimas de violencia en diversas formas. La Defensoría del Pueblo ha emitido un llamado urgente a las autoridades competentes para reforzar las medidas y políticas institucionales, así como para implementar acciones rápidas y coordinadas de prevención y protección.
Casos alarmantes y la urgencia de medidas
Los recientes informes del Instituto Nacional de Medicina Legal revelan un panorama inquietante: en la capital del país, un caso ocurrido hace pocos días se suma a otros cinco en los que niñas y adolescentes murieron presuntamente a manos de familiares entre enero y marzo de 2024. Estos no son incidentes aislados; representan una realidad en la que los menores pierden sus vidas diariamente debido a la violencia, a menudo perpetrada por personas de su entorno más cercano.
Durante el primer trimestre de 2024, aproximadamente 19 niñas, niños y adolescentes (NNA) ingresaron cada día a Medicina Legal para evaluaciones por violencia intrafamiliar, sumando alrededor de 1700 menores de edad en tan solo tres meses. La situación se agrava con el hecho de que el 48% de los casos de violencia sexual registrados en este periodo indican que el agresor fue un familiar.
Impacto y necesidad de respuestas rápidas
Las cifras son contundentes: en los primeros tres meses del año, Medicina Legal realizó 4100 exámenes medicolegales por presuntos delitos sexuales contra NNA. Este tipo de violencia no solo afecta la integridad física y mental de los menores, sino que también impacta su desarrollo integral y genera profundas cicatrices emocionales.
La Defensoría del Pueblo enfatiza la necesidad de detener esta violencia, no solo por la prevalencia de los derechos de la infancia, sino también por el impacto en la sociedad colombiana. Las instituciones garantes de derechos deben actuar con urgencia, reforzando políticas y medidas institucionales, y coordinando acciones de prevención y protección. Es una obligación del Estado asegurar entornos seguros donde los derechos de los menores sean respetados y garantizados integralmente.
