Cortesía: Idinael Fernández Caballero
El programa estatal denominado Plan 10 mil, fue creado para descongestionar los centros carcelarios del país, pero inexplicablemente se estancó y muchos están a la espera de recobrar la libertad a través de ese beneficio.
Valer y defender el derecho a la vida, ha sido el principal objetivo de las violentas protestas que han venido protagonizando los reclusos de los centros carcelarios de Colombia, con el fin de evitar ser contagiados por la amenaza del coronavirus que ha cobrado miles de vidas en el planeta. Las precarias condiciones inhumanas en que se encuentra la población carcelaria, lo hacen vulnerables frente a la silenciosa e invisible pandemia que incluso los conllevaría a la muerte por la indiferencia de los operadores de la justicia.
La fuerte tensión que se registra en los institutos penitenciarios y carcelarios, era una bomba de tiempo que en cualquier momento estallaba e inmediatamente provocaría una gran emergencia. Y precisamente, obedece a los desaciertos del Estado que no ha encontrado una fórmula o adoptado una política eficaz para acabar esta lucha o crisis que diariamente afrontan los guardianes del Inpec para controlar el ambiente en los presidios.
El desespero y zozobra también se apoderó de la población carcelaria de Colombia que además de convivir hacinados y con deficiencias en la prestación médica, ahora se suma el Covid-19, lo que ha incrementado la preocupación de 122 mil presos que de manera violenta han hecho sentir sus voces de protesta a través de enfrentamientos con guardias del Inpec, lo que ha dejado como resultado 24 reclusos muertos y más de 80 heridos porque aún no ha sido aislados.
Los días pasan y el panorama sigue alterándose por las indecisiones del aparato judicial que aún no ha dado a conocer una alternativa penal frente al covid-19, incluso no ha planteado estrategias que permitan descongestionar los centros penitenciarios y carcelarios del país.
En reiteradas oportunidades, el colectivo de abogados penalistas ha propuesto al Ministerio de Justicia, Inpec y Fiscalía General de la Nación adoptar una medida transitoria de prisión domiciliaria para hacer valer el derecho a la vida a las siguientes personas:
Mayores de 60 años, enfermos, delitos culposos, condenas menos de 5 años, madres gestantes o cabezas de hogar, ex paramilitares postulados del proceso de Justicia y Paz que hayan cumplido más de la mitad de la pena y con buenos comportamientos, permisos de 72 horas (tiempo de la medida por 3 meses prorrogables). No obstante, los reclusos que no tendrían beneficios son los que hayan cometido delitos contra niños, niñas y adolescentes, Administración Pública y durante o con ocasión directa e indirecta del conflicto armado.
¿Y el plan 10 mil?
Un programa estatal denominado plan 10 mil, se había convertido como la propuesta más viable y sólida por parte del Inpec, Fiscalía y Ministerio de Justicia para poder descongestionar los establecimientos penitenciarios y carcelarios del territorio nacional. Dicha iniciativa mitigaría los efectos colaterales del hacinamiento que en gran medida ha puesto en riesgo la salud de los reclusos, pero inexplicablemente cuando avanzaba a buen ritmo, el proceso se estancó y un gran porcentaje de presos que fueron beneficiados o seleccionados por haber cumplido más de la mitad de la condena y por buen comportamiento, están a la espera de recobrar la libertad a través del mencionado proyecto.
La población carcelaria del establecimiento penitenciario de Santa Marta “Rodrigo de Bastidas”, se mostró solidaria frente a la tragedia ocurrida en La Modelo de Bogotá y los desmanes registrados en otros presidios del país, donde solicitaron al Presidente Iván Duque y poder judicial continuar o darle celeridad al Plan 10 mil porque podría constituirse en la única herramienta principal para descongestionar las cárceles y de esa manera acabaría con el temor producido por la pandemia.
“El plan 10 mil es una propuesta que iba avanzada, incluso fueron seleccionados los reclusos beneficiados con esta propuesta, pero sin justa causa se paralizó o estancó esta iniciativa que le iba a solucionar la crisis en las cárceles del país. Esperamos que nuestro presidente Duque, evalúe este proyecto que se constituye en otra oportunidad para nuestras vidas, ya que merecemos una segunda oportunidad porque como seres humanos cometimos errores y ahora queremos contribuir al bien de la sociedad”, expresó Jimmy Zapata Salinas, recluso.
La otra propuesta fue planteada por miembros de la mesa directiva del movimiento nacional carcelario encabeza de Aimer Serrano Serrano, quien desde la prisión de alta y mediana seguridad “La Tramacuda” en Valledupar colocó a consideración del Gobierno zonas veredales como medida de descongestión de las cárceles y penitenciaria del país.
“Solicitamos que como medida de excarcelación y descongestión carcelaria se crean zonas veredales, donde los presos, puedan hacer uso de la fuerza del trabajo y mano de obra, generando de esta manera nuestra propia subsistencia y abastecer de alimentos a toda la sociedad en general. Por ello solicitamos como plan de emergencia se decrete las facultades que le confiere el artículo 112 114 Superior que tienen relación directa para combatir la propagación del covid-19”, expresó.
La decisión está en manos del Gobierno Nacional para solucionar la crisis carcelaria a través de dichas propuestas jurídicas, por lo que se espera actúe con prontitud para garantizar la vida y bienestar de los presos para que algunos recobren la libertad antes que sean extinguidos por la silenciosa e invisible covid-19.
