La falta de ejecución efectiva en programas clave y la deficiente gestión de recursos preocupan a nivel nacional.
La Contraloría General de la República ha concluido una exhaustiva auditoría sobre los estados financieros y la información presupuestal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al cierre del año 2023. El informe revela un panorama preocupante con 147 hallazgos administrativos, de los cuales 70 podrían tener implicaciones disciplinarias. Además, se detectaron 24 hallazgos con impacto fiscal, que suman una pérdida de $15.549 millones, y se identificaron 6 beneficios de auditoría valorados en $414 millones.
La auditoría abarcó la Dirección General del ICBF y 14 Direcciones Regionales en diferentes departamentos del país, incluyendo el Magdalena. En total, a nivel nacional, se registró una pérdida de apropiación de $111.642 millones. A pesar de la magnitud de estas cifras, el ICBF no ha demostrado una ejecución efectiva de las propuestas planteadas por su Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal.
Uno de los aspectos más alarmantes revelados por la auditoría es la baja ejecución en programas clave para el desarrollo integral de niños y niñas entre 6 y 13 años. Estos programas, fundamentales para la garantía de derechos y la construcción de proyectos de vida, presentan una ejecución deficiente a nivel nacional. Además, los recursos destinados al funcionamiento del ICBF, especialmente en la adquisición de bienes y servicios y transferencias corrientes, también mostraron una baja ejecución, con tasas del 44,99% y 44,68% respectivamente.
Las deficiencias en la supervisión y la gestión administrativa del ICBF fueron otro punto crítico destacado en la auditoría. Se identificaron problemas como el pago por Raciones Familiares para Preparar (RFPP) que no fueron entregadas, compras no autorizadas en contratos, y falta de consistencia en la información cargada en sistemas como SECOP II. Además, se evidenció una falta de gestión documental en expedientes contractuales, lo que ha dificultado la transparencia y la rendición de cuentas.
Finalmente, la auditoría también encontró dificultades en la entrega oportuna de información por parte del ICBF, especialmente en relación con un convenio firmado con las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Como consecuencia, la Contraloría ha solicitado el inicio de un Proceso Administrativo Sancionatorio.
