La Contraloría denunció hoy “graves errores” en el otorgamiento de la licencia ambiental y en el desarrollo de las obras de la central hidroeléctrica en construcción de Ituango, en emergencia desde el 7 de mayo pasado.
“La Contraloría General de la República formuló 35 hallazgos, de los cuales 29 tuvieron presunta incidencia disciplinaria y 8 penal, los cuales puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación”, detalló en un comunicado el tribunal de cuentas.
La Contraloría señaló que hubo “graves errores en el proceso de licenciamiento ambiental”, mientras que en el “desarrollo constructivo” no se realizaron “estudios detallados”, por lo que el grupo de Empresas Públicas de Medellín, dueño del proyecto, tomó decisiones sin “el sustento técnico suficiente”.
Hidroituango, ubicada el departamento de Antioquia, está en emergencia desde el pasado 7 de mayo cuando se produjo un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo mayor cauce del país, que quedaron represadas en un embalse sin terminar.
La situación obligó a las autoridades a evacuar de sus hogares a miles de personas de las localidades de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, así como de los municipios Cáceres y Tarazá, situados a orillas del Cauca, aguas abajo de la presa, y que podrían ser arrasadas por un eventual rompimiento de la obra.
Sobre ese taponamiento, el tribunal de cuentas señaló que no se construyeron las compuertas que permitían el control del cauce, una decisión que, según detalló, se basó “más en criterios económicos”.
“En su reemplazo, EPM construyó el túnel que al colapsar generó la falla del sistema, con los consecuentes problemas de gran magnitud ocasionados por la emergencia”, añadió la información.
Ante esta situación, agregó la Contraloría, EPM perdió el control del proyecto y “el plan de contingencias no tenía previsto el riesgo catastrófico ocurrido”, por lo que el liderazgo para atender la situación lo tomó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres.
En el tema de la licencia ambiental, el contralor Edgardo Maya señaló que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no ha expedido “ni una sola sanción” y ha sido “permisiva”.
“Ni las autoridades de los municipios y mucho menos sus habitantes tienen plena información sobre los riesgos del proyecto y hasta cuándo la incertidumbre que rodea la situación va a cesar”, aseveró Maya.
El ente afirmó además que la EPM ocultó información a las autoridades ambientales y “avanzó obras sin la licencia requerida”.
Al respecto, la ANLA afirmó en un comunicado que no concedió ni autorizó la licencia ambiental, pues cuando esto se hizo en el 2009 la entidad no existía.
“La ANLA no es la autoridad competente para conocer los diseños de obra y detalles de la infraestructura de la represa de Hidroituango, ni hace seguimiento a los materiales, bocetos o cronogramas, ya que por disposición legal no le corresponden esas labores”, añadió la información.
La EPM, por su parte, señaló que desde el inicio de la emergencia “ha manifestado su interés en que se aclaren todas las dudas que se tengan sobre la obra”, por lo que “ha suministrado a las autoridades y los organismos de control la información requerida para que se adelanten las revisiones sobre la gestión y la ejecución del proyecto”.
EFE.
