El órgano de control departamental informó que abrió un proceso investigativo en contra del gobernador, Carlos Caicedo.
Por: Redacción ElArtículo.co
En total son 5 procesos de responsabilidad fiscal los que la Contraloría general del Magdalena abrió contra el gobernador Carlos Caicedo y otros funcionarios por contratos de más de $4 mil millones de pesos realizados para atender la emergencia de la Covid-19.
La Contraloría Auxiliar para las Investigaciones del ente de Control departamental, inició meses atrás investigaciones preliminares hallando presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, atinente a algunas actividades contractuales traducidas en el quebrantamiento de los principios de la gestión fiscal por parte de la Gobernación del Magdalena y que ordenaron la apertura formal de estos procesos de responsabilidad fiscal.
Dentro de los procesos tres hacen referencia a contrataciones por valor aproximados a los 3.065.968.095 millones para el alquiler de transporte de carrotanques para surtir de agua potable de manera a los municipios por el lapso de 45 días. De igual manera, figura un contrato por valor de $400 millones de pesos, cuyo objeto es de transporte de carga para la distribución de mercados en el marco de la calamidad pública. Otro proceso tiene su génesis en contrato por valor de $707.117.465 millones, que tuvo por objeto la adquisición por parte del departamento de tanques de almacenamiento de agua de 1000 litros para ser instalado y garantizar a diario el suministro de agua a los pobladores y presuntamente no se encuentran en uso y no se precisó con claridad a quien corresponde la custodia de los mismos.
De igual modo, cabe resaltar que dos investigaciones preliminares y que tenían que ver con sendos contratos para la adquisición de chalecos y kit de sacos, y en los cuales se establecía un presunto sobre costo, fueron archivados puesto que se evidenciaron ajustados a los precios del mercado.
El Contralor general del departamento del Magdalena Carlos Eduardo Cabas Rodgers, dijo que “la apertura de estos procesos de responsabilidad fiscal viene precedida de unas actuaciones pre procesales que conllevó al recaudo de material probatorio que determinaron los elementos sustanciales para el inicio de estos procesos ordinarios”.
Del mismo modo, el ente de control precisó que la Contraloría previamente al gasto no puede ordenar cómo y en que invertir los recursos públicos pero sí está facultada constitucional y legalmente para de manera posterior y selectiva realizar el control fiscal y determinar si los recursos públicos fueron destinados con deparo a los principios de eficiencia, eficacia y economía y por supuesto establecer la relación el costo-beneficio en el uso del dinero público, costos y condiciones previstos procurando el más alto nivel de resultados, cumpliendo objetivos y metas”.
