Redacción: Camila Mendoza
El Contralor General del Magdalena, Alberto Garzón Wilches, presentó una demanda ante la Corte Constitucional para tumbar el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019, que regula las tarifas de energía en la costa Caribe. Los elevados costos han generado inconformidad entre los usuarios de Air-e y Afinia, quienes ven en esta acción una posible solución a los cobros desmedidos.
En una acción que podría cambiar el rumbo del servicio de energía en la región Caribe, el Contralor General del Magdalena, Alberto Mario Garzón Wilches, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. La demanda va en contra del artículo 318 de la Ley 1955 de 2019, que establece el régimen actual de tarifas de energía para la costa Caribe, manejado por las comercializadoras Air-e y Afinia.
Este artículo, parte del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, «Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad», ha sido duramente criticado por los habitantes de la región, quienes denuncian el incremento desmesurado en las tarifas de energía eléctrica. Los usuarios afirman que los altos cobros afectan de manera significativa sus economías familiares y exigen una solución inmediata.
Garzón Wilches, apoyado en los principios de control social a lo público establecidos en la Ley 1757 de 2015, solicita a la Corte que declare inexequible el artículo. Según el Contralor, la norma vulnera varios artículos de la Constitución Política de Colombia, incluyendo los principios fundamentales de equidad y acceso a servicios públicos esenciales.
