Redacción: Camila Mendoza X: @camilala_mdz
Debido a la mediación de la Defensoría del Pueblo, comunidades rurales del corregimiento de Guachaca en Magdalena lograron acuerdos con entidades nacionales, exigiendo hechos de paz y un cese de violencia.
En un notable esfuerzo por buscar la paz y la seguridad en su región, las comunidades rurales y campesinas del corregimiento de Guachaca, Magdalena, lograron suscribir acuerdos importantes con entidades del orden nacional. Esto se dio gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, quien facilitó el diálogo necesario tras las protestas sociales que tuvieron lugar del 11 al 13 de junio. La movilización, conocida como el “Paro Cívico Comunitario por la Paz y Marcha Pacífica en el Corregimiento de Guachaca”, reunió a cerca de 5000 personas de diversas veredas de la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada.
Las comunidades, cansadas de la violencia derivada de los enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y la Fuerza Pública, exigieron hechos de paz a través de sus protestas. Con el acompañamiento de funcionarios de la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena, se facilitaron mesas de diálogo que culminaron en importantes acuerdos. Entre estos, destaca la solicitud de instalar mesas de diálogo entre el Gobierno nacional y las ACSN, y el cese de operaciones de la Fuerza Pública en el territorio, para evitar el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado.
Adicionalmente, se gestionó una reunión con el Alto Comisionado de Paz y se programó una mesa de diálogo social para el 22 de junio. También se remitió un oficio a los Ministerios de Interior y Defensa, exigiendo el cumplimiento del principio de distinción en los operativos de la Fuerza Pública.
La Defensoría y la Procuraduría se comprometieron a revisar casos de posibles violaciones a los derechos humanos en los operativos militares, mientras que la Alta Consejera para la Paz del Distrito de Santa Marta liderará una reunión preparatoria para construir una agenda que facilite la mesa de diálogo social. Por otro lado, la Dirección de Derechos Humanos se encargará de trasladar a la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos la solicitud de las comunidades para recordar a los entes territoriales y nacionales la directiva presidencial que aboga por la no estigmatización y las garantías al ejercicio del liderazgo social.
