Por: @yamiperiodista
El comunicado dado a conocer a la opinión pública en las últimas horas reza así:
El pasado 16 de enero de 2019, Empresas Públicas de Medellín, EPM, cerró la compuerta número dos de captación de agua del proyecto hidroeléctrico Ituango, lo cual generó el descenso notable del nivel del río Cauca en el norte y bajo Cauca antioqueño; situación que se vio agravada el 5 de febrero al producirse la pérdida del caudal ecológico debido al cierre de la última compuerta que permitía el paso del agua a casa de máquinas.
Pese a que el pasado 9 de febrero EPM puso en funcionamiento el vertedero y asegura que las operaciones sostenidas de evacuación del embalse no presentan ningún problema, la emergencia ambiental y social en las comunidades que habitan la ribera del río Cauca, continúa.
Por tal razón, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, realizó un recorrido desde el municipio de Cáceres hasta el de Valdivia, en el Bajo Cauca antioqueño, con el fin de verificar las condiciones ambientales y las afectaciones a las comunidades que allí habitan.
En el recorrido se pudieron observar de primera mano los impactos sobre el segundo afluente más importante del país, apreciando que la situación presentada aguas abajo de la represa de Hidroituango puede resultar gravemente vulneratoria de los derechos humanos de estas poblaciones.
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional, adelantará el análisis de la problemática que se viene presentando por la construcción de la represa, a la luz de los principios rectores de derechos humanos y empresas, bajo el concepto de debida diligencia corporativa que, entre otros aspectos, comprende la transparencia, accesibilidad y publicidad de la información; la identificación de riesgos e impactos sobre los derechos humanos y la reparación de los daños causados.
Para ello, el Defensor del Pueblo, en procura de la salvaguarda de los derechos humanos, ha conformado equipos interdisciplinarios desde el nivel nacional y regional, que se desplazarán al territorio con el fin de evaluar la situación e identificar los impactos que la grave contingencia ecológica tiene sobre el goce efectivo de los derechos humanos de las comunidades ribereñas.
Por otra parte, se hace un llamado al diálogo entre la población, autoridades y Empresas Públicas de Medellín, que permita encontrar soluciones a los conflictos que eventualmente se susciten, en aras de lograr la garantía de los derechos de las comunidades y la ejecución adecuada de las medidas de prevención, mitigación, restauración y compensación del ecosistema.
Con el objeto de contribuir en este proceso, la Defensoría del Pueblo se encuentra en plena disposición para ejercer el rol de mediador en la solución de las controversias o reclamaciones que se puedan generar por afectaciones derivadas de los daños ambientales causados por la pérdida del caudal ecológico del río Cauca.
Finalmente, la Defensoría exhorta a las entidades de los niveles nacionales y territoriales para que armonicen su gestión conforme al marco de sus competencias y orienten las actuaciones para la formulación e implementación de estrategias de prevención, control, mitigación, reparación, restitución y garantías de no repetición, de tal forma que las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad no estén expuestas a dinámicas que pongan en riesgo el ejercicio de sus derechos.
