Se fue el 2020 y continúan los elefantes blancos.
Por: Redacción Elarticulo.co
Lo que prometía ser un año de grandes cambios, y de entregas de infraestructuras que tienen varios años sin ser entregados, resultó siendo 12 meses de falsas promesas para la comunidad samaria por parte de la administración distrital.
Varias obras que han sido catalogadas como elefantes blancos en la década del cambio, continúan sumando tiempo para su retraso y entrega, entre ellas se encuentra el Instrituto Educativo de Timayui, Libano 2000, Yaqueline Keneddy e incluso La Industrial que a pesar que debe ser culminado con recursos del orden nacional aún no ha sido culminado en su totalidad.
Para los padres de familia que se han visto afectados no solo con la pandemia, sino también con la presunta corrupción que enloda a estas administraciones, le hacen un llamado al Concejo del distrito de Santa Marta, ya que son pocos los debates de control político y así mismo las exigencias que se le hayan hecho a la alcaldesa, Secretario de educación y contratistas, para que garanticen la culminación de estas obras.
Un concejo que no da garantías en educación a los niños samarios
Mientras tanto en otras ciudades como Bogotá, la alcaldesa Claudia López, tramita ante el Consejo la aprobación del presupuesto del año entrante, en donde se incluye 3 billones para el tema educativo y terminación de 11 planteles que se encuentran en obra gris.
Esta misma iniciativa en Santa Marta es inexistente, aún cuando se evidencian los elefantes blancos de los anteriores planteles educativos mencionados, que desde hace dos administraciones están sin doliente y abandonado entre la maleza.
Lo insólito es que pesar de las denuncias de las comunidades que se sienten afectas por que sus hijos deben trasladarse a otros sectores de la cuidad para recibir la formación académica y con las pruebas aportadas por los medios, como el Articulo.co con videos que evidencian esas irregularidades, los órganos de control como la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, no han dado resultados o sanciones contra los ordenadores del gasto, interventores ni contratistas.
