Redacción: Camila Mendoza X: @camilala_mdz
Un año después del colapso del puente de Michichoa, la comunidad de Santa Bárbara de Pinto en Magdalena exige soluciones inmediatas a las autoridades para reparar la estructura y aliviar la crisis que afecta a más de 13 mil personas.
Este 30 de junio se cumple un año del colapso del puente de Michichoa, una importante conexión entre el municipio de Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto, en el Magdalena. La comunidad, afectada por esta crisis, está solicitando a las autoridades departamentales y nacionales que cumplan con el compromiso de intervenir y reparar la estructura, que afecta a más de 13 mil personas.
En señal de protesta, los habitantes de Santa Bárbara de Pinto planean celebrar el “cumpleaños” del colapso del puente. Alirio Larios, líder comunitario, expresó la desesperación de la población: “Esto ha afectado la salud, el progreso y desarrollo de los pueblos. Queremos llamar la atención de manera masiva. Santa Bárbara de Pinto es un municipio grande y necesitamos esta obra”.
En julio de 2023, la Gobernación del Magdalena declaró la calamidad pública con el propósito de atender la emergencia generada por la caída del puente. Además, la Procuraduría General de la Nación instó a la administración departamental a intervenir urgentemente las ruinas del puente. Sin embargo, un año después, la comunidad afirma que no se ha realizado ninguna intervención y que las afectaciones en la movilidad persisten.
El sociólogo Edgar Rey, oriundo de la zona, subraya la gravedad de la situación: “El río puede crecerse por las lluvias, la vía está en mal estado y aunque el puente está en Santa Ana, afecta principalmente a los píntenos porque este municipio se encuentra aislado. Es una necesidad, un problema social y económico que necesita una pronta solución”.
La falta de acción por parte de las autoridades ha dejado a la comunidad en una situación precaria, con problemas significativos en el acceso a servicios básicos como salud y educación, así como en la movilidad y el desarrollo económico de la región. Los residentes esperan que la protesta del 30 de junio sirva para llamar la atención de los responsables y acelerar la intervención necesaria.
