La captura del influenciador Beto Coral por parte de agentes de inmigración en Arizona, Estados Unidos, abrió una nueva controversia política en medio de la recta final de la campaña presidencial colombiana.
Coral, reconocido por su activismo en redes sociales y por sus constantes ataques contra figuras de la oposición, fue detenido por agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), organismo adscrito al sistema migratorio estadounidense. Aunque las autoridades norteamericanas no han entregado detalles completos sobre el caso, el influenciador permanece bajo custodia mientras avanza su proceso migratorio.
La situación provocó una inmediata reacción del presidente Gustavo Petro, quien calificó la detención como una presunta persecución política y pidió la intervención de la Cancillería colombiana. Desde sectores cercanos al Gobierno también surgieron críticas contra la actuación de las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, la captura ha generado preguntas sobre el estatus migratorio de Coral y sobre las razones que motivaron la actuación de los organismos federales. Mientras sus defensores denuncian una supuesta retaliación política, otros sectores recuerdan que las autoridades migratorias de Estados Unidos actúan bajo procedimientos judiciales y administrativos propios, independientemente de las disputas políticas que se desarrollan en Colombia.
El caso ocurre además después de que Coral participara activamente en la campaña presidencial a través de redes sociales, donde lanzó múltiples acusaciones contra dirigentes y candidatos de oposición. Ahora será la justicia estadounidense la encargada de determinar su situación jurídica y migratoria.
Entretanto, la captura del influenciador se convirtió en un nuevo episodio de confrontación política entre el petrismo y la oposición, que vuelve a trasladarse más allá de las fronteras colombianas.
