La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal volvió a alzar su voz para exigir a la Comisión de Acusaciones del Congreso que actúe frente a la presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según la congresista, el proceso ya no admite dilaciones y la Comisión está obligada a aplicar el artículo 109 de la Constitución.
En una reciente publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la líder del movimiento #SoyCabal recalcó que esta presunta irregularidad, que superaría los 5.000 millones de pesos, debe tener consecuencias claras y contundentes. “La Comisión de Acusaciones se quedó sin excusa para aplicar el artículo 109 de la Constitución sobre la pérdida del cargo de Petro por violación de topes electorales”, escribió.
La solicitud de Cabal se da tras conocerse que el Consejo Nacional Electoral (CNE) continuará con la investigación sobre los presuntos excesos en la financiación de la campaña del Pacto Histórico en 2022. En un documento oficial citado por la senadora, el CNE aseguró que avanzará “de conformidad con el ordenamiento jurídico y acatando lo que dispongan los órganos judiciales”.
El artículo 109 de la Constitución Política establece que cuando se comprueba una violación a los topes máximos de financiación de campaña, esta puede acarrear la pérdida del cargo. Para Cabal, este es un caso evidente de transgresión que debe ser sancionado conforme a la ley.
“El país necesita instituciones que hagan respetar las reglas del juego democrático. Esta no es solo una discusión jurídica, sino un reto a la credibilidad de nuestras instituciones”, añadió.
Las declaraciones de la senadora han generado controversia en el ámbito político y legal. Mientras el CNE continúa con sus pesquisas, la Comisión de Acusaciones tiene en sus manos la facultad constitucional para proceder con un juicio político si se comprueba la infracción.
Cabal, férrea opositora del actual Gobierno y abanderada de una línea política firme frente a la legalidad y la transparencia, ha advertido que no cesará en su propósito de buscar justicia ante lo que considera un atentado a la equidad electoral.
Este caso no solo podría marcar un precedente en la historia política reciente del país, sino también poner a prueba la solidez institucional del Congreso frente a eventuales irregularidades en el ejercicio del poder.
