Durante el Quincuagésimo Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la organización Fondejusticia y Verdad presentó un informe que alerta sobre la grave crisis de seguridad alimentaria que enfrenta Colombia y los retos que persisten para los años 2024 y 2025.
El documento, titulado “Seguridad alimentaria, un reto para Colombia – Vigencia 2024-2025”, revela que más del 55% de los hogares colombianos tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada. Niños, adolescentes y adultos mayores son los grupos más afectados por esta problemática, atribuida a factores como la inflación, la desigual distribución de alimentos, la informalidad laboral y deficiencias en la implementación de políticas públicas como el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la falta de control en la comercialización de alimentos, especialmente en el sector cárnico. Se documentaron prácticas ilegales de sacrificio y procesamiento de carne que representan un riesgo para la salud pública. Como ejemplo, el informe recordó el escándalo ocurrido en Bucaramanga en 2020, cuando fueron distribuidas carnes de burro y caballo a niños beneficiarios del PAE. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los responsables, quienes adulteraban la carne con químicos para venderla como vacuno. Un año después, en 2021, se inició otra investigación similar en Santander, evidenciando que estas prácticas continuaban.
Hilda Lorena Leal C., secretaria ejecutiva de Fondejusticia y Verdad y defensora de derechos humanos, entregó el informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de la OEA. Allí expresó su preocupación por los riesgos que representa la informalidad en la comercialización de alimentos y su impacto directo en los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del PAE, así como en otras poblaciones vulnerables, incluyendo personas privadas de la libertad.
El informe propone una hoja de ruta para enfrentar la crisis alimentaria, basada en el fortalecimiento de políticas existentes como el CONPES 113 de 2008 y una mayor coordinación entre el Estado y la sociedad civil. La organización hizo un llamado a la comunidad internacional y a la OEA para que insten al Estado colombiano a tomar medidas urgentes que garanticen el acceso a alimentos dignos, seguros y nutritivos para todos los ciudadanos.
Fondejusticia y Verdad reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la seguridad alimentaria, exigiendo respuestas concretas para atender esta problemática que afecta a millones de colombianos.
