“La sociedad colombiana puede indignarse, emberracarse y protestar, pero lo que no puede es verse presa de quienes, desde la seguridad de sus mansiones, a punta de eufemismos, pretenden incendiar a Colombia”.
Emiro J. Castro Meza.
Los colombianos más que indignados estamos desbordados en nuestra capacidad de procesar dolor, esa capacidad que nos ha dado la historia de más de 70 años de guerra y terror. En este país, donde parecía que ningún hecho violento pudiera sobrepasarnos, pasamos de un mes en el que más de 50 personas, la mayoría de ellos jóvenes, fueron asesinados en diferentes masacres, la mayoría relacionadas a grupos armados dedicados al narcotráfico. Solo unos días después, un bochornoso hecho de brutalidad policial acabó con la vida de un hombre de 44 años, al que le aplicaron más de nueve descargas eléctricas con una pistola “no letal”, que luego golpearon hasta la muerte en un CAI en Bogotá.
Este hecho generó violentas protestas en la capital del país y una desmedida represión policial, que entre el miércoles y el jueves causaron la muerte de 11 personas y más de 400 heridos, entre ellos 194 policías y 209 civiles, muchos de gravedad. Pero sin lugar a dudas, lo más preocupante es el uso desmedido de eufemismos que, desde los extremos, algunos lideres usan para justificar la violencia, por un lado, de los violentos manifestantes y por el otro el abuso de la fuerza por parte de la policía.
“Lo que nos está matando como sociedad es el uso desmedido de los eufemismos para justificar la violencia de un lado y el otro”.
Los radicalismos profundos a los que nos están sometiendo algunos líderes de extremos, han reflejado una vez más, que su interés no es otro que dividirnos como sociedad. Separarnos entre posturas por condenar un asesinato, no aplaudir la brutalidad y el uso excesivo de la fuerza o simplemente pretender apilarnos como borregos defendiendo lo indefendible, nos aleja de convertirnos en una sociedad democrática y nos acerca mucho más al absolutismo.
Entender, aceptar y condenar el vil asesinato de Javier Ordóñez a manos de un grupo de policías, condenar la forma cómo se han desarrollado las protestas, y pedir explicaciones a quien dio la orden de usar las armas contra los manifestantes, armando civiles y creando verdaderos “colectivos” no me hace de izquierda, “petrista” o guerrillero. Pedir respeto por la institucionalidad, entender que son miles los buenos policías, recalcar su labor en procura de defender los derechos de los colombianos, y honrar la memoria de miles de héroes que han ofrendado su vida por esta patria, tampoco me hace un fascista o un “paraco”.
Estas posturas me hacen simplemente un colombiano que respeta su Policía Nacional, sus Fuerzas Militares y que también se indigna cuando un grupo dentro de esas instituciones, que están llamados a defendernos, simplemente no son capaces de dejar sus instintos más banales y olvidaron el norte de la policía que es hacer valer los derechos de los colombianos.
Esta es una situación que no acepta excusas ni atenuantes, sino un llamado a la condena jurídica y social a quienes, sin el más mínimo reparo, olvidaron su deber fundamental de proteger la vida de un ciudadano. La brutalidad policial, al igual que el racismo, la violencia de género o religión, exigen un alto inmediato, o corremos el riesgo de que se fortalezca, como sucedió esta semana en Bogotá.
“Esta situación de violencia no puede ser atenuada o disminuida, requiere un alto inmediato o corremos el riesgo de que se fortalezca”
Esta es una oportunidad para hacer consensos frente a lo que ya hoy es una obligación del gobierno nacional, la reforma a la justicia y por supuesto una reforma al régimen de la Policía Nacional. Luego de haber superado los años de violencia de los 70´s y 2000, no hay justificación para seguir aplicando estatutos de seguridad y conferir a una fuerza civil como es la Policía un tratamiento militar a sus actuaciones, se requiere una reforma urgente a su servicio de incorporaciones, a su formación en derechos humanos y sobre todo a su régimen de responsabilidades.
La violencia no se combate con violencia, el odio no se combate con más odio y mucho menos si ese es el que destilan algunos lideres en redes sociales que en vez de trinos escupen gasolina que incendia aún más nuestra sociedad. Romper el contrato social calcinando el país, no asegura una nueva realidad política, al contrario, legitima los abusos, desprestigia a la sociedad y a las instituciones, legaliza la violencia, y por supuesto, pone un precio muy bajo a la vida de los ciudadanos.
“Con la violencia sólo entregamos las armas a quienes a punta de violencia pretenden ganar batallas electorales”.
No podemos los colombianos caer en el juego de justificar la violencia con más violencia. Contundencia para exigir nuestros derechos, fuerza para defenderlos y tenacidad para hacerlos valer, sobre todo cuando suceden estos casos de terror, debemos tener un apego irrestricto a la constitución, a la razón y a la civilidad, pero nunca violencia, porque en vez de fortalecer una petición histórica, entregamos las armas a quienes pretenden, a partir de la violencia, ganar sus batallas electorales.
La mejor forma de sostener a Colombia es reforzar sus instituciones, para eso, aunque resulte paradójico, debemos apoyarnos en estas para superar todas estas crueldades. Es la justicia ordinaria la llamada a investigar, juzgar y sancionar a quienes han acabado con la vida de Javier Ordoñez y los otros 11 ciudadanos que perdieron la vida en las protestas. La sociedad colombiana puede indignarse, emberracarse y protestar, pero lo que no puede es verse presa de quienes, desde la seguridad de sus mansiones, a punta de eufemismos, pretenden incendiar a Colombia.
