Fiscalía ordena revisar beneficio de casa por cárcel para ‘la Gata’

Una de las preguntas que se hace la opinión pública luego de que el juez sexto de Ejecución de Penas de Barranquilla le concediera el beneficio de casa por cárcel a la polémica empresaria del chance Enilce López, conocida como La Gata, es sencilla: ¿Si le diagnosticaron más de 20 patologías, por qué la trasladan a su casa y no a un hospital?

Diego Muñetón, abogado de López, dice que “el tratamiento médico del que ha sido objeto Enilce del Rosario ha sido un fracaso” y que por esa razón, con ella se adelantará un procedimiento denominado Home Care (tratamiento en casa), “que existe en Estados Unidos para pacientes que han estado mucho tiempo en los hospitales”.

La defensa de la empresaria del chance dijo este miércoles, en diálogo con Blu Radio, que “se ha demostrado que los pacientes que tienen larga instancia hospitalaria corren graves riesgos de infección” y por eso la determinación de que no siga en un hospital. “Sabemos que existen patologías progresivas y crónicas y es precisamente lo que aqueja la señora Enilce López”.

Pese a que el traslado de López a su casa se autorizó por la orden de un juez, la Fiscalía busca ponerle freno a esa situación. Este miércoles, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pidió al director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Valdés, que asuma “personalmente” el caso.

Según Martínez Neira, “la decisión de la casa por cárcel de la señora Enilce López no puede ejecutarse sin que medie un concepto previo del Instituto de Medicina Legal, según fue dispuesto por el juez sexto de ejecución de penas de la ciudad de Barranquilla”.

Al respecto, la defensa de La Gata dice que la opinión del fiscal general es “una postura respetable, pero ya hay una decisión de un juez de la República y debe cumplirse. El fiscal debe primero conocer todo el proceso y después él dará su concepto y opinión respetiva. No hay nada ilegal, todo es transparente”.

Se espera que este mismo miércoles, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Valdés, se refiera al tema.

Sin embargo, en enero de 2014, cuando se regisró una polémica similar por cuenta del trasado de La Gata a un centro médico en Barranquilla, Valdés señaló que, dicho traslado no era necesario.

“Hace más de un mes se concertó con Medicinal Legal que la señora Enilse López no requería permanecer en una clínica y se podría trasladar a un centro penitenciario manteniéndose en cuidados intensivos y clínicos y la vigilancia que su condición ameritaba”.

La empresaria está condenada a 37 años de prisión, de los cuales ha pagado 11, por su responsabilidad en la muerte del vigilante Amaury Fabián Ochoa Torres. Por este homicidio, cometido en junio de 2000, el Tribunal Superior de Bogotá constató los nexos de la procesada con los ejércitos privados del paramilitarismo. En su momento, Luis Fernando Caro Solano, alias Magencio, declaró que la Gata le dio una fotografía de Ochoa Torres con la orden de asesinarlo porque supuestamente era miliciano de las Farc. Tal versión fue avalada por el tribunal, que endureció una primera condena a nueve años de prisión contra López, que sólo incluía el delito de concierto para delinquir.

No es la primera vez que la empresaria de 64 años es remitida desde un hospital a su casa por problemas de salud, a pesar de tener deudas con la justicia. En 2006 fue capturada junto con su hermano Arquímedes, por el delito de lavado de activos. En esa oportunidad salió bien librada, pues pagó unos meses de prisión en la cárcel El Buen Pastor para terminar en una clínica en Barranquilla por problemas de salud.

Con información de la DEA y de la Policía, se encontró en su momento que Enilce López utilizó desde 2004 la fachada de legalidad de los juegos de azar para limpiar el dinero de las autodefensas y así armar su imperio económico. Los bienes que logró comprar con estas acciones los puso a nombre de personas cercanas y de sus hijos José Julio, Héctor y Jorge Alfonso López. De esta forma consolidó un patrimonio compuesto por fincas, apartamentos, tierras, locales comerciales, bodegas, oficinas, autos de gama alta, empresas y lanchas. Sus bienes fueron embargados por la Fiscalía en 2014. Hasta 2016, el valor del patrimonio recuperado rondaba los $1,5 billones.

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