La Asamblea del Magdalena aprobó en primer debate el Proyecto de Ordenanza No. 112, que podría afectar a los pensionados del departamento con recortes de hasta 24 mil millones de pesos, provocando críticas y denuncias de irregularidades.
En una controvertida sesión de la Asamblea Departamental del Magdalena, se ha aprobado en primer debate el Proyecto de Ordenanza No. 112, el cual propone ajustes significativos al presupuesto general de ingresos, rentas y gastos del departamento para la vigencia fiscal 2024. Esta aprobación ha encendido alarmas entre diversos sectores, especialmente entre los pensionados, quienes podrían enfrentar recortes severos.
Durante la reunión, la Diputada Martha García expresó su preocupación por varios puntos críticos del proyecto. Enfatizó que los pensionados del Magdalena podrían verse gravemente afectados si la ordenanza se aprueba en su forma actual. Según el proyecto, los recortes podrían superar los 24 mil millones de pesos, poniendo en riesgo la seguridad económica de muchos jubilados.
La Secretaría de Hacienda, liderada por Denis Rangel, defendió las modificaciones presupuestarias propuestas. Rangel detalló que las reformas incluyen una reducción de 6.800 millones de pesos y adiciones por 9.500 millones de pesos destinados a diversos programas del departamento. Entre las medidas contempladas está la reorientación de recursos del fondo de contingencia, incluyendo la estampilla ProDesarrollo y la recuperación de cartera vehicular, para cubrir servicios de deuda y otros gastos prioritarios.
A pesar de las objeciones planteadas, el informe de ponencia del proyecto fue aprobado con tres votos a favor de María del Socorro, Rafael Noya y Amed Zawady, y un voto en contra de la diputada Mallath Martinez. Esta decisión permite que el proyecto avance al siguiente nivel de discusión en la Asamblea del Magdalena.
La aprobación del proyecto provocó críticas adicionales por parte de Martha García, quien destacó presuntas irregularidades en la distribución de recursos, incluyendo una aparente disminución neta en los fondos destinados a programas sociales y educativos del departamento. García cuestionó la falta de garantías por parte de la Secretaría de Hacienda para proteger los derechos y obligaciones de los pensionados, haciendo referencia a normativas de seguridad social que podrían estar en riesgo.
García insistió en la necesidad de una mayor transparencia sobre el uso de los recursos reorientados y el cumplimiento estricto de las normativas vigentes. La discusión continúa en la plenaria de la Asamblea del Magdalena, donde se espera un análisis más profundo sobre la asignación de recursos hacia la Gobernación del Magdalena, en un contexto de creciente escrutinio público y debate legislativo.
Este debate promete ser intenso, ya que los representantes deben abordar las preocupaciones de la comunidad y asegurar que las decisiones presupuestarias no sacrifiquen a los sectores más vulnerables, incluyendo a los pensionados.
