Por: Katia Vásquez
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Los docentes implicados son María del Carmen Ceballos Redondo, Alcides Pardo Pinedo y Somaira Varela Olaya, todos ellos presuntamente relacionados con la falsificación de documentos académicos de la Universidad del Atlántico.
Luego de que saliera a la luz pública la investigación disciplinaria que ha iniciado la Secretaría de Educación Distrital contra tres docentes acusados de falsificar sus títulos académicos, esta casa periodística logró establecer que dichas irregularidades en los documentos fueron revelados a través de auditorías que viene desarrollando esta dependencia.
Luis Rincón, jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, explicó en una entrevista los detalles del proceso. Según Rincón, las auditorías realizadas en las instituciones educativas del distrito revelaron irregularidades en los títulos académicos de varios docentes. Estas auditorías forman parte de un esfuerzo más amplio para evaluar el estado de las plantillas de personal, descubriendo también casos de abandono de cargo y otras irregularidades administrativas.
Rincón confirmó que la notificación de la investigación fue entregada a los docentes el pasado viernes, y estos tienen derecho a presentar su defensa y aportar pruebas en su favor. “Estamos evaluando la posibilidad de emitir una suspensión provisional de estos docentes mientras se adelanta la investigación”, señaló Rincón. La Secretaría de Educación también está considerando suspender el pago de salarios a los implicados.
La investigación se rige por el artículo 213 de la ley 1952 de 2019, que establece un plazo de seis meses para concluir el proceso disciplinario. Además, el caso ha sido trasladado a la Fiscalía, que determinará las sanciones penales pertinentes si se confirma la culpabilidad de los docentes.
Rincón enfatizó la gravedad de las acusaciones, que podrían resultar en destituciones de uno a veinte años dependiendo del grado de responsabilidad de cada docente. Esta situación pone en evidencia la importancia de las auditorías y la necesidad de garantizar la integridad y transparencia en el sector educativo.
Posibles Consecuencias
La suspensión provisional de los docentes y la posible suspensión de sus salarios son solo algunas de las medidas que se están evaluando mientras avanza la investigación. La Fiscalía jugará un papel crucial en determinar las sanciones legales que enfrentarán los docentes si se confirman las acusaciones de falsificación.
Este escándalo ha generado preocupación entre la comunidad educativa y ha subrayado la importancia de mantener altos estándares éticos y profesionales en el sector educativo. Las autoridades se comprometen a seguir investigando y tomando las acciones necesarias para asegurar que todos los docentes cumplan con los requisitos académicos y profesionales necesarios para su labor.
