El alcalde Carlos Pinedo acusa a exalcaldes de Fuerza Ciudadana de robar fondos públicos, mientras que el gobernador Rafael Martínez le responde que él “se robó la alcaldía”. La disputa se intensifica con la polémica sobre la administración del estadio Eduardo Santos.
El enfrentamiento entre el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, y el gobernador de Magdalena, Rafael Martínez, ha alcanzado un nuevo nivel de tensión. En una reciente rueda de prensa, Pinedo acusó a los anteriores gobiernos de Fuerza Ciudadana de robar fondos públicos, señalando directamente a los exalcaldes Carlos Caicedo, Rafael Martínez y Virna Johnson. Pinedo destacó irregularidades en obras inconclusas y sobrecostos, estimando que más de 740 mil millones de pesos se han perdido.
La polémica se intensificó cuando Pinedo exigió al gobernador Martínez la devolución del estadio Eduardo Santos al Distrito. “Nos vendieron un cambio que nunca existió,” afirmó Pinedo, criticando el manejo de los recursos de los samarios y calificando a los exalcaldes de “ladrones, bandidos y sinvergüenzas”. Según Pinedo, el dinero de los ciudadanos ha sido derrochado en estudios inútiles, proyectos fallidos y campañas políticas fuera de la ciudad.
La respuesta del gobernador Martínez no se hizo esperar y llegó a través de sus redes sociales. Martínez tildó a Pinedo de “ilegal” y le reprochó por desconocer la administración del estadio, que, según Martínez, fue cedido al Distrito en 2013 por el entonces gobernador Luis Miguel Cotes Habeych. Martínez añadió que el estadio ya no está bajo la jurisdicción del departamento, acusando a Pinedo de mentir sobre la situación.
“Se robaron la alcaldía y no sabe qué fue lo que se robaron,” declaró Martínez, refiriéndose a la elección de Pinedo, que fue decidida judicialmente tras invalidarse los resultados electorales originales. En su réplica, Martínez invitó a Pinedo a revisar el certificado de libertad y tradición del estadio para confirmar que ya pertenece al Distrito.
El cruce de acusaciones refleja la profunda división entre el actual gobierno de Santa Marta y el grupo político Fuerza Ciudadana, poniendo en evidencia una batalla política que afecta la gestión de recursos y proyectos vitales para los ciudadanos.
